La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ha introducido un artículo rubricado expresamente "iniciativa de la actividad probatoria". Dicha iniciativa se atribuye, como regla general, a las partes, en armonía con los principios dispositivo y de aportación de parte que inspiran el proceso civil. Pero excepcionalmente se reconoce una iniciativa probatoria de oficio. El autor, a partir de su previa experiencia jurisdiccional, analiza las manifestaciones de la prueba ex officio iudicis: la novedosa normativa del art. 429.1, II y III LEC, que faculta al juez para efectuar una indicación de insuficiencia probatoria en la fase de proposición de prueba, las amplias facultades probatorias en los procesos especiales no dispositivos (capacidad, matrimonio, filiación y menores), las limitadas diligencias finales de oficio y la intervención judicial durante la práctica de la prueba. Previamente se analizan el alcance del principio dispositivo y de aportación de parte y las facultades probatorias de oficio en los órdenes jurisdiccionales penal, contencioso-administrativo y laboral.