Durante años la insuficiencia de las soluciones previstas en nuestro Ordenamiento para el tratamiento de la crisis de las empresas y, consiguientemente, para resolver las situaciones de insolvencia e iliquidez por las que aquéllas atravesaban, aconsejaron que la política legislativa no se orientara hacia la derogación de la legislación concursal especial. La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha llevado a cabo una profunda renovación de la obsoleta regulación concursal española. Sin embargo, las especialidades previstas en nuestro Ordenamiento en relación con la crisis de las compañías aseguradoras permanecen vigentes. En efecto, la Ley Concursal continúa proclamando, en relación con el concurso de entidades aseguradoras, la aplicación prioritaria de las especialidades que para las situaciones concursales se hallan establecidas en su legislación específica, salvo las relativas a composición, nombramiento y funcionamiento de la administración concursal. La regulación especial contenida en la LOSSP para hacer frente a la crisis conómica de las compañías de seguros se integra por una serie de medidas de saneamiento orientadas a prevenir la crisis de la entidad así como por unas normas especiales de liquidación de la compañía, particularmente en los casos de insolvencia de la entidad o en el concurso de la misma. La presente obra tiene por objeto el estudio de dicha regulación especial o, más precisamente, de las particularidades que dicho régimen presenta. Concretamente, y en lo que a la liquidación de las compañías aseguradoras se refiere, en la medida en la que los procedimientos de liquidación administrativa ejecutados por el Consorcio de Compensación de Seguros constituyen auténticas alternativas a los procedimientos concursales clásicos, de modo que en muy contadas ocasiones se procede a la liquidación judicial de aquellas entidades. Y aun en este último caso, las entidades aseguradoras se hallan sometidas a un procedimiento concursal especial. El interés del tema objeto de estudio reside, además de en su importancia e incidencia práctica, en las novedades que la materia presenta, habida cuenta de las sustanciales modificaciones que la referida regulación especial ha experimentado en los últimos años. De entre tales modificaciones merecen ser destacadas las introducidas por la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados, mediante la que se transpone a nuestro Ordenamiento la Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros.